La Ley de Dependencia permitirá atender este año a diez mil personas en la región

La Ley de Atención a la Dependencia comenzó su andadura con la constitución formal del Consejo Territorial del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, el máximo órgano de esta nueva norma que será la pieza clave para el desarrollo de los aspectos más importantes de la Ley.

Castilla-La Mancha forma parte de este nuevo organismo encargado de dirigir las actuaciones y medidas que prevé la Ley de Dependencia, con la vista puesta en incrementar y mejorar los recursos y programas destinados a las personas que necesitan de la ayuda de terceros para poder realizar las actividades de la vida cotidiana.

También se dio el visto bueno al baremo que servirá de base para la valoración de las personas que soliciten su inclusión en el Sistema de la Dependencia. En dicho sistema de valoración se incluyen aquellos aspectos como movilidad, posibilidad de tomar decisiones, cuidados corporales propios, etc. que determinarán el grado de dependencia de las personas que quieran acceder a los programas o recursos que prevé la Ley.

Según el diputado manzanareño, para determinar el grado y nivel de dependencia de los beneficiarios de la ley, el baremo evaluará la capacidad de los ciudadanos para realizar actividades de la vida diaria, tales como comer, asearse, vestirse, desplazarse dentro o fuera del hogar, o tomar decisiones, entre otras. Este baremo, en opinión de Antonio Molina, tendrá muy en cuenta las especificidades de las personas con discapacidad psíquica o enfermedad mental.

El Portavoz Socialista en materia social, dijo que Castilla-La Mancha se encuentra ya preparada para afrontar la primera fase de aplicación de la Ley que beneficiará, durante el presente año, a los considerados “grandes dependientes” que, en nuestra región, ascienden a unas 10.000 personas, la mayor parte de los cuales ya se encuentran atendidos en los distintos recursos que posee el Gobierno autónomo.

Según Antonio Molina las previsiones son invertir en Castilla-La Mancha 1.200 millones de euros durante el período 2007-2015, que serán aportados a partes iguales entre la Administración regional y el Gobierno central, y que se sumarán al presupuesto anual que posee la Consejería de Bienestar Social para atender a estos colectivos.

La Junta de Comunidades aportará la mitad de los 1.200 millones presupuestados para crear los recursos y programas necesarios, incluyendo la contratación de 255 profesionales en los próximos meses para la ampliación de la plantilla de personal de valoración como a fortalecer los servicios sociales de base, además de crear un nuevo tipo de baremación del grado de dependencia, aunque las personas que actualmente reciban prestaciones no tendrán que volver a baremarse.

Cuando la persona sea considerada dependiente, recibirá una acreditación que tendrá validez en toda España. Tras este diagnóstico, los servicios sociales elaborarán, teniendo en cuenta las preferencias de la persona dependiente (o de su tutor) un Programa Individual de Atención con los servicios y prestaciones económicas que va a recibir. Entre los servicios, los ciudadanos podrán disponer de ayuda a domicilio, teleasistencia, centro de día, centro de noche o plaza residencial.

En cuanto a las prestaciones económicas la ley prevé compensaciones para los ciudadanos familiares (con un alta en la Seguridad Social) y prestaciones para la contratación de un asistente personal que facilite el acceso a la educación, al trabajo y a una vida autónoma. También se podrán recibir ayudas técnicas y para adaptaciones en la vivienda.

Por último, Antonio Molina señaló que, además de los servicios sociales, los ciudadanos pueden informarse de este nuevo sistema de protección social en un número de teléfono que el Gobierno Central ha habilitado para dar información específica sobre dependencia, el 900 40 60 80.