El PP considera que la empresa que gestiona el CAI ha incumplido las prescripciones técnicas
El PP considera que la empresa que gestiona el CAI ha incumplido las prescripciones técnicas
El Partido Popular de Manzanares ha solicitado la convocatoria de un Pleno Extraordinario en el que expresa su deseo de que se penalice a la empresa que gestiona el CAI municipal por incumplir las prescripciones técnicas del contrato. También habían solicitado el cese de Julián Nieva como concejal de Servicios Sociales por no haber llevado a cabo sus funciones de control a la empresa adjudicataria.
Dolores Serna, portavoz del Grupo Popular en Manzanares, explicó en su comparecencia antes los medios, los motivos que han llevado a su partido a solicitar la celebración de un Pleno Extraordinario. Pretenden así que se penalice a la empresa que gestiona la limpieza, mantenimiento, cocina, comedor y atención a los niños en el Centro de Atención a la Infancia municipal, por haber incumplido, a su juicio, el Artículo 5 del Pliego de Prescripciones Técnicas firmado entre el Ayuntamiento y la misma, debido a la contratación de personas sin la correspondiente titulación.
Así mismo, se solicitaba el cese de Julián Nieva como concejal de Servicios Sociales y responsable, por tanto, del funcionamiento del CAI, ya que consideran que ha incumplido su labor de control a la empresa adjudicataria. El PP anunciaba que este asunto no se llevará finalmente al Pleno tras conocer el decreto de Alcaldía por el que esa delegación pasa a Pilar Sánchez Mulas. Serna no ha querido valorar esta modificación y afirma que no se inmiscuirán en los asuntos internos del Partido Socialista.
En la misma comparecencia ante los medios, el concejal popular Ramón Collado explicó la abstención de su grupo en la aprobación inicial de la ordenanza de ocupación de suelo público con mesas y sillas en el pasado pleno de febrero. Aunque su contenido y función les parecen correctos, su postura se debe a la presentación de la propuesta un día antes del Pleno, lo que según el edil impidió el estudio pormenorizado de la ordenanza y el ponerse en comunicación con los afectados y vecinos para conocer su valoración.